A.N.D.A. - Articulos

“Nos esforzamos por difundir nuestro respeto por los animales y la naturaleza”

Información básica sobre las leyes de animales de granja. Próximos pasos a seguir.

Madrid, 7 de Octubre de 2013. En general las leyes españolas sobre protección animal son transposiciones de directivas comunitarias o reglamentos comunitarios que se aplican de forma automática


EN LA EXPLOTACIÓN

Existe una legislación genérica que cubre a todos los animales criados en granjas con fines comerciales tanto en relación con la alimentación humana como de peletería. Es el Real Decreto 348/2000, transposición de la Directiva CE 58/1998.

Prácticamente de forma inmediata se comprobó que esta Directiva no era suficiente para garantizar unos mínimos aceptable de bienestar animal por lo que se ha ido generando legislación específica según especies de animales. De esta manera hoy tenemos legislación concreta para pollos de engorde, ganado porcino, teneros o gallinas ponedoras. Estas legislaciones, mucho más concretas, han servido para mejorar la vida de los individuos de estas especies.

Sin embargo hay especies que no disponen de legislación específica y cuyo bienestar no está garantizado por el Real Decreto, demasiado genérico. Ganado bovino con destino lácteo, ganado ovino y caprino, equino así como granjas de animales de peletería necesitan legislación concreta que garantice su protección. El Gobierno Español debe defender en Bruselas la necesidad de ampliar la cobertura legal para estas especies.

Por otra parte, en el caso de las gallinas ponedoras además de establecer condiciones para su cría, se introducen también aspectos relacionados con la comercialización de huevos, indicando en la etiqueta referencia al sistema de cría de las gallinas. Esta referencia ha sido muy beneficiosa para las gallinas al permitir al consumidor realizar un consumo responsable.

Es conveniente que en la comercialización de los productos de origen animal se obligue a introducir en los etiquetados información sobre los sistemas de cría empleados y su impacto en el bienestar de los animales. El Gobierno Español debe proponer en Bruselas ampliar este tipo de información de los productos donde actualmente existe (huevos) al resto de productos, especialmente en aspectos que preocupan al consumidor como: excepcionalidad religiosa del aturdimiento previo, castración de ganado porcino, o nacimiento y lugar de engorde de los animales.

 

DURANTE EL TRANSPORTE

La protección de los animales durante su transporte está recogida en el reglamento CE 1/2005. El Reglamento intenta ordenar un aspecto muy complejo y sujeto a diferentes intereses. Su aplicación correcta ha estado sujeta a dos problemas.

Por un lado la propia complejidad del tema a legislar llevó a un texto farragoso, de difícil interpretación en ocasiones y de imposible aplicación en otras: armonización entre tiempos de descanso para conductores y tiempos de descanso para animales según especies, obligación de alimentar a terneros no destetados cada 9 horas o de ordeñar a vacas nodrizas en periodo de lactancia cada 12 (ambos imposibles de realizar en un camión), armonización de sistemas GPS de localización de vehículos, obligación de acceso a agua continuo para el ganado porcino o de no transportarlos coincidiendo con altas temperaturas (difícil de hacer cumplir en el sur de europa).

El Gobierno Español debería unirse en Bruselas a aquellos que defienden la apertura de un proceso de enmiendas del Reglamento 1/2005 con el fin de mejorarlo y adecuarlo a la realidad de las rutas del transporte y de las especies animales transportadas.

Por otra parte la aplicación correcta de la tarea inspectora adjunta al reglamento requiere de unas infraestructuras técnicas y de recursos humanos que en España existen. Hemos generado un grupo de técnicos en bienestar animal en las CCAA expertos y de buena calidad pero en las carreteras y autopistas españolas se encuentra la Guardia Civil de Tráfico o las policías autonómicas que no siempre tienen a su disposición un veterinario oficial (horarios de tarde/noche, fines de semana y festivos) que de una forma rápida pueda personarse para realizar la inspección en el punto en el que se detenga al camión en su ruta. Por otro lado, en el caso de que se decida parar el transporte por deficiencias graves, no existen puntos de control oficiales a los que poder enviar al camión para su descarga.

Las CCAA españolas deben disponer de los suficientes recursos técnicos y humanos que permitan un apoyo eficaz a las policías de tráfico o medioambientales en el caso de inspecciones de camiones de ganado en ruta.


PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN EL MOMENTO DE SU SACRIFICIO O MATANZA


Queda cubierto por el Reglamento 1099/2009.

En relación con este Reglamento el principal problema ha venido derivado por el hecho de que su aplicación corresponde a los Departamentos de Ganadería de las diferentes CCAA, pero los veterinarios oficiales presentes en los mataderos son funcionarios de los Departamentos o Consejerías de Sanidad. Se han generado diferentes sistemas de transmisión de información y de actuación conjunta entre consejerías a través de protocolos de actuación y funcionamiento. Sin embargo la situación no es la misma en todas las CCAA.

El Gobierno Español debe coordinar a las diferentes CCAA para que los protocolos de actuación entre las Consejerías de Sanidad y de Ganadería sigan unas pautas similares y adecuadas para garantizar el intercambio de información y la toma de medidas correctoras.

Por otra parte aunque el Reglamento de la UE establece una excepción a la obligación del aturdimiento previo por motivos religiosos, también permite que cada país miembro de la UE prohíba el uso de esta excepcionalidad obligando a la aplicación del aturdimiento previo en todos los casos (Polonia, Eslovenia)

El Gobierno Español debe prohibir, de acuerdo con los parámetros existentes en la legislación comunitaria, el sacrificio de animales sin aturdimiento previo.

 

RÉGIMEN DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE ANIMALES DE GRANJA


Hasta el año 2007, la aplicación de toda esta legislación era difícil ya que no existía un régimen sancionador para tanta legislación, tan difusa y sobre temas tan complejos.

Esta deficiencia se solventó con la Ley 32/2007 que establece el régimen sancionador para todas las legislaciones mencionadas anteriormente. Esta ha sido una ley con diferentes lecturas. Para aquellos que la esperaban esperanzados para cubrir el hueco dejado por la falta de una Ley Nacional de Protección Animal ha sido un desencanto ya que, evidentemente, deja muchos aspectos sin contemplar.

Ahora bien, esta ley nunca se pensó ni gestionó como legislación de protección animal, sino que no es más que un texto que establece procedimientos y sanciones para otras leyes de protección animal. Desde este punto de vista la Ley fue necesaria, bien recibida y para aquellas CCAA que han tenido interés en hacerlo, ha funcionado aceptablemente bien. No obstante necesita un desarrollo reglamentario en un aspecto básico:

La Ley relaciona la cuantía de las sanciones en base a las consecuencias que la infracción cometida tiene para el bienestar animal (sufrimiento leve, grave o muerte) y no siempre en base a la infracción en sí misma por lo que en lagunas CCAA las sanciones impuestas no han tenido el efecto disuasorio esperado ya que para el propietario de los animales es económicamente más beneficioso pagar una multa en caso de ser inspeccionado que corregir la deficiencia. En cualquier caso esto no siempre ha sido así y ha habido casos de sanciones justas e incluso cese de actividad.

En cualquier caso, el pasado mes de Junio se aprobó una reforma de esta Ley. En dicha reforma se establece:

«Disposición final sexta. Facultad de aplicación y desarrollo.

Se autoriza al Gobierno, en el ámbito de las competencias del Estado, a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de esta ley, y en particular, para concretar el régimen de infracciones y sanciones dispuesto en esta ley.»

El Gobierno Español debe desarrollar la disposición final sexta con el fin de concretar el régimen de infracciones y sanciones dispuesto en la Ley, asegurando unas cuantías y medidas sancionadoras que produzcan el necesario efecto disuasorio.

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