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“Nos esforzamos por difundir nuestro respeto por los animales y la naturaleza”

La Plataforma La Tortura No Es Cultura denuncia la gran cantidad de dinero público desviado para subvencionar las corridas de toro

Madrid, 24 de Marzo de 2014.-Desde la Plataforma La tortura no es Cultura, denunciamos la opacidad de las administraciones públicas en su relación con el negocio taurino. Estimaciones generales sostienen que en torno a 500 millones de euros al año de dinero público son destinados a la promoción del negocio taurino, haciendo de éste un sector totalmente dependiente de las subvenciones, al tratarse de una actividad claramente deficitaria.

La Fiscalía sostiene que el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su vicepresidente primero, Francisco Martínez, pudieron cometer los delitos de prevaricación, fraudes y exacciones ilegales mediante la asignación a municipios de entradas para la Corrida de la Beneficencia, que posteriormente, en el caso de no efectuarse el pago por los Ayuntamientos, compensaban con las deudas que estos tuvieran.

Las entradas del "evento benéfico" se enviaban directamente a los ayuntamientos y, con posterioridad, se les descontaba el importe de las mismas del cobro de tributos. Eso defiende la Fiscalía, que acusa a los altos cargos del Partido Popular. Este dinero, que Fabra destinó, presuntamente de manera ilegal, al pago de las entradas de las corridas de toros estaba destinado a obras y servicios de pequeños municipios de los Planes de Obras y Servicios de la institución provincial.

Carlos Fabra, presuntamente, pagaba las entradas a estos eventos con dinero destinado a otras partidas. Es por ello por lo que la fiscalía le acusa de prevaricación. A la luz de esta noticia, desde la Plataforma La tortura no es Cultura cuestionamos que los eventos taurinos benéficos supongan una ayuda real a las entidades y ONGs beneficiarias, sino, y este caso lo evidencia, una manera más de subvención encubierta a los empresarios taurinos.

También recordamos que, mientras se destinan recursos públicos a una actividad que supone maltrato de animales, se han recortado, por ejemplo, los recursos destinados a atención y prevención de la violencia de género: se mata animales por puro negocio y diversión, y se pone en juego las vidas de las mujeres. Consideramos indignante que la Diputación de Castellón gastara en 2013 alrededor de 200.000 euros solo en la compra de entradas y la organización de la Corrida de la Beneficiencia, y para 2014 tenga presupuestados 177.730 euros para la Escuela de Tauromaquia, así como más de 20.000 euros para entradas y arreglos de las plazas de toros de Segorbe y Vilafranca, mientras que las mujeres víctimas de maltrato renuncian a emprender procesos judiciales por temor a no disponer de los necesarios recursos sociales y asistenciales consiguientes.

 

No es la primera ni la única vez que los recursos públicos van destinados a actividades taurinas. Por poner solo un ejemplo más, en 2010 el Ayuntamiento de Córdoba, regido por el PSOE, destinó 25.000 euros en la compra de entradas a corridas de toros de la Feria de Mayo. Indignante y revelador es que el Ayuntamiento de Priego (Córdoba), un municipio con tan solo 23.000 habitantes, haya gastado en 10 años (2002-2012) 1,7 millones de euros en obras de remodelación de su plaza de toros.

En estos momentos de crisis, desde la Plataforma La Tortura No Es Cultura, entendemos y defendemos la necesidad de destinar el dinero público a partidas realmente necesarias para la mayoría de la ciudadanía, de la que solo un 5%  ha acudido alguna vez a un espectáculo taurino.

La sociedad española ha avanzado en su percepción de la tauromaquia, rechazándola mayoritariamente. Es por ello por lo que el negocio taurino necesita de la connivencia de ciertos sectores de la administración pública para mantener sus privilegios, sustentados con fondos y dinero público. La Plataforma La Tortura No Es Cultura se suma a las Marchas de la Dignidad para denunciar estos privilegios, que empobrecen económica y moralmente al Estado español.

 

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