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Altos cargos de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha reconocen sus intereses en cotos de caza, según Ecologistas en Acción

Nota de prensa de Ecologistas en Acción, Toledo a 4 de marzo de 2015.

Toledo, 4-3-2015. Ecologistas en Acción ha recibido de la coordinadora de los servicios
periféricos de Agricultura en Ciudad Real, Dª Pilar Vargas, y del hasta hace
poco coordinador de los servicios periféricos de Agricultura en Toledo, D.
Miguel Sáez, sendos escritos en los que solicitan que sea rectificada una
nota de prensa incorporada a la web de nuestra asociación. En concreto la
nota se hacía eco de un comunicado de la  Plataforma contra la Ley de Caza
de Castilla-La Mancha bajo el título "Conflictos de intereses y relaciones
privilegiadas alimentan la Ley de Caza de Castilla-La Mancha" y hacía
alusión a una información de un medio de comunicación.


Aun cuando Ecologistas en Acción considera que en dicha nota no hay motivo
alguno para la rectificación solicitada, la asociación ha considerado
oportuno dar publicidad a tales escritos y valorarlos, pues lejos de lo que
pretenden los remitentes de los mismos, clarifican lo esencial de lo
publicado en la prensa y evidencian su vinculación con fincas donde se
realizan actividades cinegéticas dentro del ámbito de su jurisdicción.


Como se puede observar en los escritos, tanto Pilar Vargas como Miguel Sáez
tienen o, en el caso del segundo, han tenido durante el ejercicio de sus
funciones en la Consejería intereses directos en fincas familiares en las
que se practica la caza. En el primer caso como cónyuge del titular de la
finca Castaño Oeste en Brazatortas y cuñada del titular de la finca Castaño
Este. En el segundo como copropietario, hasta en un 7% según señala, de la
finca Dehesa los Robledillos en Los Yébenes de la que su familia es dueña.
En ambas fincas se practica la caza, por lo que cuentan con el oportuno plan
técnico que deben aprobar y vigilar los servicios de la Consejería de
Agricultura que ellos dirigen. Además el Sr. Sáez reconoce que la caza de la
finca familiar se arrienda, por lo que cabe inferir un rendimiento
económico. En el caso de la finca del cónyuge de la Sra. Vargas, se alude a
que la caza mayor no se vende, pero no especifica nada de la menor.


Del resto de detalles que se señalan en los escritos sólo cabe decir que
matizan la información periodística, pero de ellos no se hizo eco
Ecologistas en Acción por lo que no cabe en esta nota hacer alusión a ellos.
Lo esencial es que los altos cargos citados, máximos responsables políticos
a nivel provincial de la caza ejercieron, en el caso del Sr. Sáez, y
ejercen, en el caso de la Sra. Vargas, esta función aun cuando tienen unos
intereses evidentes en la caza en la misma provincia en la que se les nombró
como titulares de la Consejería.


A la vista de los hechos reconocidos por estos altos cargos y de la
evidencia de que su relación con entidades cinegéticas tiene que ser
necesariamente directa y habitual como lo atestiguan las numerosas reuniones
y actos sociales en los que han coincidido, es lógico sospechar, como se
hace en la nota publicada en nuestra web, que conflictos de intereses y
relaciones privilegiadas han podido alimentar la redacción de la Ley de
Caza.
Señalar a este respecto que ambos coordinadores, como no puede ser de otra
forma, han participado de las reuniones y consultas internas realizadas por
la Consejería para redactar el texto de la Ley. Y que Pilar Vargas es la
jefa directa del redactor principal de la misma, D. Luis Basurto, a quien ha
rendido ella misma reconocimiento público por este motivo.


Por último, llama la atención la ausencia de otros escritos de rectificación
de cargos y funcionarios de la Consejería citados en el artículo publicado
en la prensa y motivo de esta polémica. Sobre todo de D. Jose María
Toledano, máximo responsable técnico de la caza en Ciudad Real y jefe
directo de D. Luis Basurto, coordinador de la redacción de la Ley, al cual
se le atribuye la titularidad de otra finca donde se practica la caza en la
misma provincia donde ejerce sus funciones.


Ecologistas en Acción reitera la necesidad de que la Consejería aclare todas
estas situaciones, explique cómo han incidido en la redacción de la ley y,
lo que es más importante, que se fijen desde ya criterios de
incompatibilidad que impidan este tipo de conflictos.

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