Los canes eran sacrificados con la excusa de que ya no cumplían de forma adecuada las funciones cinegéticas.
Una veterinaria y otras once personas propietarias de perros han sido juzgadas este mes de noviembre en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Mérida por la muerte de 39 canes dedicados a la caza, la mayoría galgos, acusados de otros tantos delitos de maltrato animal.
La veterinaria está acusada de 39 delitos de maltrato animal y, además, el Ministerio Público solicita para ella dos años y ocho meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental.
Los dueños de perros que se sentaron en el banquillo fueron diez hombres y una mujer y están acusados de entre dos y ocho delitos de maltrato animal, como es el caso de uno de ellos.
Entre 2017 y 2019, la veterinaria, que ejercía en una localidad de Badajoz, de manera continua y a requerimiento de sus propietarios, provocó la muerte de diferentes perros de razas especializadas en labores de caza, básicamente galgos, aunque también había podencos o mestizos, sin ajustarse a los protocolos exigidos por el Código Deontológico del Consejo General de Colegios de Veterinarios de España.
Los propietarios de los animales acudían a ella alegando que los perros ya no cumplían de manera adecuada con las funciones cinegéticas que les tenían encomendadas y le manifestaban su intención de deshacerse de ellos.
La veterinaria se ofrecía a dar a los perros una muerte indolora mediante la administración intravenosa de una inyección letal y después los propietarios se llevaban el cadáver, que solían enterrar en terrenos de su propiedad o en los extrarradios de sus localidades.
Ninguno de estos animales sacrificados adolecía de enfermedades físicas que comprometían su vida, ni alteraciones en el comportamiento que pusieran en peligro la integridad física de propietarios terceros u otros animales, ni riesgo para la sanidad animal, ni orden de la autoridad al respecto, requisitos previos todos ellos para poder practicar la eutanasia a los animales de compañía.
Prácticamente ninguno de los perros sacrificados superaba los cinco años y la esperanza de vida de los mismos oscila entre los 10 y los 14 años. “La única justificación para su muerte era la inutilidad en la práctica de la caza”, según las conclusiones de la Fiscalía.
A los propietarios de los perros sacrificados y también encausados les cobraba por cada actuación unos 15 euros, cuando para realizar esta práctica sin soportar pérdidas económicas el precio no debe bajar de los 40, por lo que el objetivo era “fidelizar o incluso aumentar la clientela”.
La veterinaria no cumplía con la obligación de constatar esta actuación en la ficha clínica concreta del animal en cuestión, “no en vano ella conocía perfectamente la ilegalidad de la misma”, dice el Ministerio Público, y hacía constar en el Registro de Identificación de Animales de Compañía de Extremadura que estos animales morían a causa de accidentes o enfermedades, “ocultando le verdadera razón de la inutilidad para la caza”.
Finalmente: el juicio contra una veterinaria y once cazadores por la muerte de 40 galgos ha finalizado este miércoles en Mérida con la retirada de la acusación para ocho de los propietarios de los animales.
Para la veterinaria solicita dos años y ocho meses de prisión y multa de 10 meses por un delito de falsedad documental continuada y 15 meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para tenencia y oficio relacionado con animales por cada delito de maltrato animal.
Para los propietarios de los animales sacrificados solicita 15 meses de prisión y dos años y seis meses de inhabilitación para tenencia y oficio relacionado con animales por cada delito de maltrato animal.
Según descubrió el Seprona de la Guardia Civil descubrió que, durante los años 2017, 2018 y 2019 la acusada dio de baja a 166 perros, de los cuales 41 apuntaban «serios indicios» de responder a la misma práctica utilizada con Borrasca, una perra cuyo cadáver apareció enterrada y cuyo propietario declaró a los agentes que la facultativa le puso una inyección y la dio de baja tras comentarle que «ya» no le valía.
El pasado 8 de Septiembre el PSOE anunció su intención de incluir una enmienda al Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal en el sentido de que los perros empleados en la caza no estén protegidos por las garantías incluidas en el citado Proyecto. Es inaceptable. Desde ANDA hemos reaccionado inmediatamente remitiendo al PSOE un escrito en el que le hemos trasladado nuestro profundo rechazo por el anuncio por parte de ese grupo político de una enmienda al Proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales por la que pretenden excluir a los perros empleados en actividades cinegéticas del ámbito de aplicación del Proyecto de Ley presentado por la Dirección General de los Derechos de los Derechos de los Animales dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.
La pretensión de excluir a los perros empleados en actividades cinegéticas del ámbito de aplicación del Anteproyecto no se sostiene desde la perspectiva científica, ni considerado desde una visión biológica ni desde un punto de vista veterinario o sanitario. Al margen de consideraciones científicas y jurídicas nuestra firme oposición a la exclusión de este tipo de perros del encuadre de protección genérico que garantiza el Proyecto de Ley está plenamente justificado por su especial necesidad, pertinencia y urgencia. Los casos de problemas de bienestar animal que afectan a perros empleados en la caza son muy numerosos y tanto estos problemas como los elevados porcentajes de abandono que se producen en nuestro país están directamente vinculados a la excesiva permisividad que hasta ahora ha imperado en las condiciones de uso y mantenimiento de estos animales.
Todos los propietarios de perros deben estar sujetos a las mismas obligaciones genéricas y todos los perros deben disfrutar de las mismas garantías legales.
#MismosPerrosMismaLey
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