El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso vuelve a quedar en entredicho tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha dejado sin efecto los 1,4 millones de euros concedidos a la Fundación Toro de Lidia.
La sentencia concluye que la aportación se formalizó como un “convenio” cuando, en realidad, encubría una subvención directa, evitando así los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que impone la Ley General de Subvenciones. El tribunal es claro: esa ayuda debió someterse al procedimiento legal ordinario y no otorgarse de forma discrecional.
El recurso fue presentado por la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos Independientes, que denunció un trato privilegiado hacia la entidad beneficiaria.
A esta batalla jurídica se suma el trabajo constante de ANDA, que lleva años denunciando el uso de dinero público para sostener la tauromaquia y reclamando el fin de las subvenciones destinadas a espectáculos basados en el sufrimiento animal. Hemos insistido reiteradamente en la necesidad de que las administraciones cumplan estrictamente la legalidad y prioricen el interés general frente a intereses particulares.
La resolución judicial no solo corrige una actuación concreta, sino que refuerza un mensaje de fondo: los fondos públicos deben gestionarse con transparencia, igualdad y respeto escrupuloso a la ley.
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