El 4 de junio, el tribunal de Montpellier anuló la autorización para una novillada en Pérols, ubicada en el sur de Francia, en un fallo que las asociaciones animalistas celebran como una «victoria» y que esperan que esta decisión «siente jurisprudencia».
La resolución judicial confirma una decisión previa de 2023, que había prohibido la realización de una novillada en la que se enfrentan novilleros a jóvenes toros, evento que el ayuntamiento de Pérols había programado para el 15 de julio de ese año. Esta prohibición surgió tras una demanda interpuesta por dos asociaciones, incluida la Alianza Anticorrida.
El Código Penal francés castiga el maltrato animal con penas de hasta 5 años de prisión y multas que pueden alcanzar los 75.000 euros (aproximadamente 81.500 dólares). No obstante, se permite una excepción para las corridas de toros en áreas donde se pueda demostrar una «tradición local ininterrumpida». Esta excepción se aplica principalmente al tercio sur de Francia, en regiones como el suroeste, cercano a España, y el área del Mediterráneo.
A pesar de que Pérols posee una plaza de toros y un club taurino con más de un siglo de antigüedad, el tribunal determinó que sus actividades taurinas no han mantenido un «carácter ininterrumpido». Según la decisión judicial, Pérols no ha celebrado corridas ni novilladas en aproximadamente 20 años, y su proximidad a otras localidades con tradiciones taurinas vigentes no justifica la reintroducción de estas.
Este fallo tiene implicaciones que van más allá del caso específico de Pérols, ya que podría sentar jurisprudencia en Francia. Claire Starozinski, portavoz de la Alianza Anticorrida, comentó que «la tauromaquia no podrá restablecerse en lugares donde ya no tiene arraigo natural».
Actualmente, ocho países siguen celebrando corridas de toros: Ecuador, España, Francia, México, Perú, Portugal, Venezuela y Colombia, aunque en este último país está prevista su prohibición para 2027.
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