El comisario de Agricultura de la Comisión Europea (CE), Christopher Hansen, acaba de presentar su propuesta de la futura Política Agraria Común (PAC) y del nuevo Marco Financiero Plurianual, que presumiblemente estarán vigentes después de 2027 y hasta 2034. Una propuesta compleja, con claroscuros, en un momento crítico para la agricultura y la ganadería, el medio rural y la seguridad alimentaria. Si se aprueba en los próximos dos años largos que durará su negociación, quedará atrás el actual modelo de la PAC que se erguía como bastión de los valores de la Unión. Y, desde luego, entierra la senda iniciada en 2023 de integrar los objetivos ambientales del Pacto Verde Europeo.
La Coalición Por Otra PAC aplaude algunos elementos relevantes del texto. En particular, el intento de blindar un presupuesto para las rentas de las personas agricultoras y de reorientar el reparto de ayudas hacia explotaciones pequeñas y medianas, en detrimento de las grandes, ya suficientemente rentables y que no deberían seguir acaparando subvenciones públicas. Pretende conseguirlo con un capping (limitación de las ayudas hasta 100.000 euros por finca) y una degresividad (reducción gradual de las subvenciones a quienes reciben más de 20.000 euros) más ambiciosos. La Coalición también valora positivamente la intención, aún poco definida, de apoyar a jóvenes y mujeres en el campo.
Sin embargo, la propuesta contiene retrocesos preocupantes. El más grave: una aparente reducción de más del 20 % en el presupuesto destinado a la PAC. En un contexto de amenazas crecientes —desde los aranceles y la apertura a nuevos mercados hasta el impacto real y acelerado de la crisis climática y ecológica— este recorte compromete la viabilidad de muchas explotaciones, las de mayor valor socioambiental, incapaces de competir sin un respaldo público claro.
Además, la propuesta supone un paso atrás respecto al enfoque iniciado con la actual PAC hace dos años, que empezó a reconocer que la base de toda productividad agraria es un medio natural sano. El texto de Hansen desoye la urgencia expresada por representantes de toda la cadena agroalimentaria en el Diálogo Estratégico sobre la Alimentación y la Agricultura, y diluye compromisos clave en materia ambiental.
En concreto, la propuesta no establece un presupuesto mínimo garantizado para medidas ambientales (conocido como ringfencing), la condicionalidad medioambiental pierde elementos y concreción y queda reducida al mínimo, y la condicionalidad social no mejora. Se pierde así el marco de exigencias comunes necesarias para una transición real. Fuentes de Por Otra PAC señalan el sinsentido de “que la CE garantice una renta a los agricultores a corto plazo -que es necesario- y al mismo tiempo debilite su sostenibilidad a la larga al no establecer un fondo mínimo para los pagos medioambientales”.
La Coalición alerta de que “con una disminución aparente del 20% del presupuesto de la PAC y sin un blindaje de fondos para pagos ambientales y climáticos, la propuesta de reforma de la CE se queda en cantos de sirenas».
Una de las grandes dudas es cómo afectará la iniciativa de reducir a la PAC a un fondo único que sustituye a la tradicional estructura en dos pilares, uno de de apoyo a la renta de las y los agricultores y otro de desarrollo del medio rural. Aunque el texto sí prevé intervenciones estructurales en este ámbito no exclusivamente agrario, se corre el riesgo de que se destine un menor esfuerzo a reforzar el papel tan vertebrador y fundamental del desarrollo territorial que tiene para el sector primario.
El texto además da más margen de maniobra a los Estados miembro, que deberán asumir una mayor responsabilidad en definir objetivos más ambiciosos a los establecidos por Bruselas. Por ello, la Coalición Por Otra PAC pide que España no deje caer lo que funciona, como lo ha demostrado sobradamente los ecorregímenes. También, las medidas agroambientales, las ayudas a jóvenes y mujeres, y los apoyos al desarrollo rural deben fortalecerse. Y, por supuesto, el Ministerio de Agricultura tiene que seguir trabajando en la convergencia para que se eliminen los derechos históricos y así asegurar un reparto justo real de las ayudas. “Ministro Planas, confiamos en que apueste con decisión por la sostenibilidad, la resiliencia y la justicia social. Haga suya esta oportunidad de mejorar lo ya construido. No deshoje la margarita del PEPAC, mejórela”, reclaman fuentes de la Coalición.
Como ya advirtieron voces cualificadas del ámbito de la PAC, todo apunta a que estamos ante una política de transición. Una PAC pensada para “ganar tiempo” y aplazar los cambios estructurales que urgen si se quiere garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental del campo europeo. En lugar de liderar una transformación real del modelo agroalimentario y de consumo, la Comisión opta por esquivar su responsabilidad en un momento crítico para la seguridad alimentaria y sanitaria del continente.
Desde la Coalición Por Otra PAC seguiremos trabajando para que este proceso no quede cerrado en falso. La propuesta presentada hoy puede y debe mejorarse en el Parlamento Europeo y el Consejo. La sociedad se juega el futuro del medio rural, de quienes lo habitan y lo trabajan, y de toda la ciudadanía que depende de sistemas alimentarios sanos, sostenibles y justos.
Sobre la Coalición Por Otra PAC
La Coalición Por Otra PAC agrupa 51 entidades de diversos ámbitos -ganadería extensiva, producción ecológica, defensa ambiental, desarrollo rural, bienestar animal, nutrición y consumo-, que buscan conseguir una nueva Política Agraria Común (PAC) verde y justa que impulse la transición agroecológica.
